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SAMUEL GARCÍA HA tenido que hacer frente a varias crisis, y la que se le viene con la probable instalación de la armadora de autos eléctricos Tesla no es menor.

A 16 meses de asumir el cargo, varias de han sido por factores ajenos, como la del agua, y, otras, propiciadas por él: como la crisis política con el Congreso del Estado, que desembocó en la aprobación de su juicio político por violaciones a la Constitución.

A éstas se suman las que enfrentará por el malestar e interrogantes que se están gestando en el Congreso, la comunidad empresarial y pobladores  por la supuesta llegada de Tesla a Santa Catarina.

De acuerdo a organizaciones de la sociedad civil y algunos diputados locales, no hay una ruta clara sobre cómo va a lidiar con la de falta de agua que hoy existe en esa demarcación, de energía eléctrica y apagones en la región, de contaminación e inseguridad.

Tan solo en este último punto, según la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (INEGI), la percepción de inseguridad en Santa Catarina aumentó de 33.7% a 53% en el tercer trimestre de 2022, siendo la segunda ciudad con mayor incremento en este rubro, solo después de Ciudad Juárez, Chihuahua.

Por otra parte, la calidad del aire es malo y suele ser perjudicial para grupos vulnerables, debido a la cantidad de empresas, industrias y automóviles.

Actualmente la concentración de particulas en suspensión es nueve veces superior al valor promedio, según la guía anual de calidad del aire de la OMS (IQAir).

Santa Catarina fue uno de los municipios con mayor afectación debido a la falta de agua en la zona metropolitana de Monterrey, hubo cortes de agua y sólo se abastecía agua a lugares y en horarios específicos.

Esto también aplicó a empresas y parques industriales. Además de los constantes apagones que paralizan la producción.

Todo esto, sumado a lo sucedido con los desmedidos apoyos a la planta de Kia, hace un caldo de cultivo para el malestar social de empresarios y legisladores que plantean hacer comparecer al gobernador emecista en un juicio político que pudiera estar aderezado con esta situación.

Además, tendrá que clarificar los fuertes intereses económicos detrás de la gran especulación con los terrenos en cuestión, ya que son de particulares, lo que demuestra que los recursos de la hacienda pública acabara en bolsas de estos.

EL MARCADO ACTIVISMO del rector Enrique Graue en el caso del presunto plagio de tesis de la ministra Yasmín Esquivel, empieza a cobrar factura al interior de la UNAM, donde el grupo de los abogados corre ya la versión de que es momento de que se acabe la dinastía de los doctores. Y es que se ha caminado prácticamente en la ilegalidad, aceptando que no hay marco jurídico para enfrentar estos hechos, pero al mismo tiempo señalando y condenando prematuramente un plagio, sin reparar en la presunción de inocencia y el debido proceso.

Las constantes declaraciones, justo cuando hay una investigación en proceso, pusieron la lupa de la opinión pública en la Universidad, que busca centrarse en el caso de Esquivel Mossa cuando más del 50% de sus alumnos dicen haber sido testigos de plagios en tesis o tesinas. Más grave aún, la participación como detonador del escándalo de Guillermo Sheridan, despertó las sospechas sobre el enfoque y utilidad de las actividades que realizan los investigadores universitarios y, sobre todo, la pertinencia de destinarles un multimillonario presupuesto.

En números fríos, durante el 2022, la UNAM destinó para remuneraciones personales y estímulos de sus investigadores y profesores 39 mil 156 millones 968 mil 879 pesos. Es decir: el 80% de su presupuesto que alcanzó una cifra de 48 mil 802 millones 369 mil 865 pesos. De ese gran total, 818 millones se destinaron exclusivamente para el pago de estímulos de investigadores que, como Sheridan, tienen la categoría de Investigador Titular C Tiempo Completo.

PUES NADA, EL Juzgado 71 de lo Civil de la CdMx nuevamente complicó la venta de Banamex. Aunque levantó por sentencia del 30 de enero pasado las medidas cautelares que se impusieron, el juez Daniel Reyes Pérez admitió hace un par de días en “ambos efectos” el recurso de apelación que interpuso Oceanografía en contra del levantamiento, por lo que se regresa al inicio de la restricción hasta en tanto se resuelve en definitiva si se puede o no vender, lo que pudiera llevar algunos meses.

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En la decisión que suspende los efectos, el juez pide a la empresa de Amado Yáñez presente garantía en seis días, por la cantidad de 5 mil 200 millones de dólares “para garantizar los posibles daños y perjuicios que por ese motivo se pudieran ocasionar a la institución bancaria demandada”, monto que se antoja ridículo ante el estado de quiebra de Oceanografía, que ya había alegado en algún momento que su estado procesal le impide tener acceso a bancos y afianzadoras. Seguramente habrá recursos contra tal garantía impuesta. El caso es que el banco que dirige Manuel Romo no se puede vender aún, muy a pesar de que los grupos de Germán Larrea y Daniel Becker sigan en la puja por esa institución.

UNA VEZ QUE Aeromar suspendió operaciones, en los próximos días deberá llegar al Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (Ifecom) la petición formal de quiebra. El organismo que encabeza Edgar Bonilla tendrá que nombrar a un liquidador. En otra pista, de forma paralela la autoridad buscará fincar responsabilidades a los administradores.

Ayer en su conferencia de prensa matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los dueños de la aerolínea. “Podemos decir que fue una empresa mal administrada, son de esos casos donde quiebran las empresas pero no los dueños”. El inquilino de Palacio Nacional adelantó que se procederá a imponer denuncias contra los dueños de la compañía aérea por los adeudos al Estado mexicano. La pregunta y si se le podrán fincar demandas a quien se supone que es el dueño, Zvi Katz, pues hasta donde se sabe, se cubrió legalmente ante la andanada que se viene.