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Las disputas territoriales entre cárteles y los constantes enfrentamientos entre ellos provocaron que durante el 2021, mil 90 jaliscienses salieran de su lugar de origen hacia otro sitio donde pudieran sentirse seguros.

Lo anterior se conoce como desplazamiento interno forzado y fue documentado en su más reciente informe -publicado el 24 de enero- por la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH).

La organización basa sus informes en publicaciones periodísticas y previamente había dado a conocer dos documentos más, uno en 2018 y otro en 2020, pero en ninguno de los dos había documentado casos de desplazamientos forzados masivos en la Entidad, sólo aparecía como receptora de ciudadanos de otros estados como Michoacán y Zacatecas.

Fue hasta el 2021 que documentó dos casos: uno en Quitupan y otro Teocaltiche; donde fueron desplazadas 196 y 894 personas, respectivamente.

El caso de Quitupan, Municipio situado en la región Sureste de Jalisco, inició el 13 de abril con desplazamientos hacia Michoacán.

Y el de Teocaltiche, ubicado en la región Altos Norte de Jalisco, inició el 7 de mayo con 250 familias que se movilizaron a una parroquia de la zona o a casas de otros familiares.

De acuerdo con la CMDPDH, la intervención de las autoridades únicamente se dio en el caso de Teocaltiche, donde se registró la presencia del DIF Jalisco y de las autoridades municipales, quienes brindaron hospedaje, apoyos en medicamento, despensa y atención psicológica.

Incluso la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) también sólo documentó este caso e incluso mencionó que las personas que fueron desplazadas ya retornaron al lugar. 

Además, se documentó la presencia de patrullajes por parte de la Guardia Nacional y el Ejército.

Actualmente, en ambos municipios continúan suscitándose episodios de violencia, pese a la presencia de elementos de seguridad, lo cual fue calificado por la CMDPDH como insuficiente ante el problema de desplazamientos.

“La respuesta Estatal no se puede ceñir solamente a la presencia de cuerpos armados, tiene que haber otro tipo de atención y dinámicas de protección para la población antes del desplazamiento, durante y después, para que puedan encontrar un retorno efectivo, o lo que sea que las personas decidan hacer a partir de esa situación de desplazamiento”, explicó Daniel Márquez, Oficial del Área de Desplazamiento Interno Forzado en la CMDPDH.

Actualmente, no existe un marco jurídico que contemple la atención a esta problemática. Sólo se ha presentado la Ley General sobre Desplazamiento Forzado Interno, misma que continúa “atorada” en el Senado de la República.

Márquez comentó que es importante que este marco normativo exista debido a que una persona desplazada interna enfrenta problemas para acceder a servicios de salud o de educación, debido a que generalmente no llevan consigo documentos de identidad, dadas las circunstancias por las que salen de su lugar de origen.

 

¿Y qué ocurre con el retorno?

Actualmente no existen cifras oficiales de cuántas víctimas de desplazamiento forzado, logran regresar a sus hogares.

“Los retornos se hacen de manera descoordinada, a veces de forma individualizada (…) entonces es muy difícil saber cuánta población permanece desplazada, cuánta población retornó y en qué condiciones”, explicó Márquez.

Dijo que, por ejemplo, al no haber leyes al respecto, el Estado no se ve obligado a resguardar los bienes de las personas mientras permanecen desplazadas.

“El mismo hecho de abandonar, implica muchas veces una falta de protección jurídica hacia los mismos bienes de las personas, dejan sus cosas y al retornar encuentran otros ocupantes (en su vivienda), o que su casa fue usurpada, destruida”, abundó.

 
Se van pero también llegan

Desde 2018, la CMDPDH sólo ha registrado dos episodios de recepción de personas que vienen de otros estados a refugiarse a Jalisco.

El primero ocurrido en julio de 2020 en el Municipio Aguililla de Michoacán; alrededor de 68 personas pertenecientes a 20 familias salieron de ese lugar a consecuencia de enfrentamientos entre grupos armados.

Y el otro caso ocurrió en julio del 2021 en Zacatecas: salieron 300 familias, es decir, aproximadamente 933 personas, del Municipio Monte Escobedo por la presencia de personas armadas, detenciones amenazas e intimidación por parte del crimen organizado.

Son Teocaltiche y Quitupan focos rojos

El 7 de mayo de 2021, la disputa entre miembros de la delincuencia organizada asoló al Municipio de Teocaltiche, que colinda con los estados de Zacatecas y Aguascalientes.

Grupos antagónicos presuntamente del Cártel Jalisco Nueva Generación y del Cártel de Sinaloa protagonizaron un enfrentamiento que dejó un hombre y varias cabezas de ganado muertos, dos vehículos y un domicilio incendiados y dos granadas y nueve vehículos asegurados, cuatro de estos blindados.

Este hecho detonó el desplazamiento de cientos de vecinos en búsqueda de un lugar más seguro. Muchos de ellos se refugiaron en la Parroquia del Divino Salvador, cuyos miembros se encargaron de refugiar a las familias desplazadas.

En tanto, en Quitupan, MURAL también ha documentado hechos violentos o relacionados con la delincuencia organizada.

Por ejemplo, en marzo del 2020 personal de la Secretaría de la Defensa Nacional localizó un arsenal en un vehículo abandonado, que traía ocho armas largas y dos cortas, 25 cargadores y 592 cartuchos de varios calibres.

En julio del 2022, tres policías de Santa María del Oro fueron privados de su libertad en este Municipio, los cuerpos de dos de ellos -hombres- fueron encontrados mutilados en Mazamitla, en tanto una agente fue liberada en una cabaña de Mazamitla.

También en enero de este año, la Secretaría de Seguridad del Estado encontró un campamento donde aseguró un vehículo blindado y 50 dispositivos explosivos de fabricación artesanal.

En ambos puntos se han desplegado elementos de seguridad tras el incremento de hechos delictivos.