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Una vez más, el presidente Andrés Manuel López Obrador aceptó hacerle el trabajo sucio migratorio a Estados Unidos a costa de los mexicanos. Una vez más, quería hacerlo a espaldas del pueblo mexicano, pero no pudo lograrlo porque lo que aquí quería dejar en lo oscurito, lo hicieron público en Washington. Ayer en la mañanera trató de darle el spin de soberanía a lo que acordó hacer a partir de este viernes, cuando entre en vigor el Título 8, un infame decreto del presidente Joe Biden contra los migrantes, y reconoció que enviaría a la Guardia Nacional a la frontera con Guatemala, haciendo nuevamente las veces de buffer state.

“No lo acordamos”, atajó López Obrador para apuntalar la idea de una toma de decisión autónoma. “Nosotros tomamos la decisión… ayudar en todo para que no haya caos y mucho menos violencia en la frontera”. Las palabras ni son ciertas, ni son suyas. “Caos” la usó Biden en la víspera para describir cómo serían los primeros días de la cancelación del Título 42, la política del expresidente Donald Trump para impedir la entrada de migrantes con el pretexto de la covid-19, y la entrada en vigor del Título 8, que significa deportaciones y penas criminales a indocumentados.

Ciertamente no acordó con Biden la decisión de enviar a la Guardia Nacional al Suchiate durante su la conversación esta semana. El resumen que hizo la Casa Blanca sobre los temas tratados señala que “hacia el final (de la conversación) discutieron sobre una coordinación estrecha y continua entre las autoridades fronterizas y fuertes medidas de fortalecimiento policial, en preparación” de la entrada en vigor del Título 8. No entraron en detalles y amarraron compromisos porque habían sido acordados una semana antes con una funcionaria de cuarto nivel dentro de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, la responsable de seguridad territorial en el Consejo Nacional de Seguridad.

En un briefing con cinco funcionarios de los departamentos de Estado y de Seguridad Territorial en la cancillería estadounidense el miércoles, uno de los diplomáticos que hablaron en una teleconferencia con periodistas, dijo que los dos presidentes habían hablado sobre los compromisos que había hecho López Obrador con Sherwood-Randall, que incluye la aceptación de renovar la iniciativa que le presentó Biden en enero, para que recibiera 30 mil cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos al mes.

Pero lo que no ha dicho López Obrador y menos aún explicado, es lo que esto significa. El compromiso de enero se enmarcaba en el Título 42, donde Estados Unidos impedía la entrada de nacionales de esos cuatro países, y dentro de lo establecido en el programa “Permanecer en México” esperaban en territorio mexicano a que se tramitara su ingreso documentado a esa nación. Lo que aceptó López Obrador es continuarlo bajo el Título 8, que parece similar al anterior, pero es completamente distinto.

El Título 8 no pone en espera a los migrantes, como el Título 42, sino que los deporta y les abre una ficha que les impide volver a solicitar asilo a Estados Unidos en cinco años, y que, si reinciden, se les procesará criminalmente. Además, a espaldas de los mexicanos, sienta un precedente, al ser la primera vez en la historia de México, que se acepta deportados de nacionalidades que no son mexicanas.

López Obrador siguió rompiendo hitos. Sucumbió a las presiones de Trump en 2018 y por primera vez puso el territorio mexicano para que fuera aquí, no en las estaciones migratorias en Estados Unidos, donde esperaran los migrantes la conclusión de sus trámites de asilo. A diferencia de Turquía, que suscribió un acuerdo distinto, el de Tercer País Seguro que para efectos prácticos era lo mismo, México no recibió fondos del gobierno estadounidense para apoyar su esfuerzo.

El canciller Marcelo Ebrard presumió varias veces la diferencia de acuerdos, pero fue retórica barata. Le salió gratis a Trump, y más adelante a Biden, que continuó con esa política, a costa de México, que modificó sus políticas migratoria y de asilo para apoyarlos en un tema muy sensible en Estados Unidos y altamente electoral.

Bajo el Título 42 envió 27 mil guardias nacionales a la frontera con Guatemala, materializando el viejo sueño de Washington de que la primera línea de policías que buscaran frenar la migración, fuera en el Suchiate, no en el Río Bravo. La receta se la volvieron a aplicar a López Obrador, aunque no ha querido decir cuántos guardias nacionales desplazará ahora a la frontera con Guatemala.

Esta decisión entra en el contexto de otro punto que conversó con Biden en torno a “la urgencia de reducir eficazmente el amontonamiento de gente en la frontera norte de México”. No quería Biden que hubiera paso libre de migrantes con México -como lo hubo hasta abril- y que se apilaran en la frontera sur de Estados Unidos,  generando probables situaciones de “caos” como dijo. Mejor, quedó implícito, que el caos y la anarquía se de en México.

Los acuerdos de López Obrador con la Casa Blanca no benefician a los mexicanos ni al país, convertido por él en un renovado patio trasero de Estados Unidos. El presidente no fue engañado por Washington, y desde enero está escuchando las preocupaciones y prisas de Biden por resolver una promesa de campaña -acabar con el Título 42-, pero disfrazar un endurecimiento de la política migratoria -el Título 8-, que también tiene objetivos electorales. Lo que no hizo López Obrador, que sí están haciendo en la frontera sur de Estados Unidos a nivel local, estatal y federal, fue prepararse para estos días de ajuste y tensión. Del lado mexicano, cada ciudad y cada estado, enfrentará los eventuales problemas de arribos masivos y tensión, sin la ayuda del gobierno federal.

A López Obrador no le importa lo que suceda con la migración. Tampoco le preocupa impedir un conflicto social en las ciudades donde más se amasen los migrantes. Le interesa quedar bien con Biden y que haya reciprocidad. Un trueque político que haga buena su frase de “amor con amor se paga”.

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Se puede estar de acuerdo o no con la calidad de las dos nuevas investigaciones sobre los hijos mayores del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramón y Andrés López Beltrán, que sugieren favoritismos y conflictos de interés que entran en una zona gris. Lo relevante no son los trabajos per se de Latinus y Mexicanos Contra la Corrupción, sino que en medio de los días de la mayor violencia presidencial contra medios, periodistas y sociedad civil en la memoria, hayan dado un paso hacia delante en uno de los temas que mayor enojo provoca en López Obrador, imputaciones sobre su familia, lo que lleva a preguntarse que si así estamos en el año 5, ¿qué sucederá en el año 7 u 8? Es decir, ¿qué le vendrá encima a López Obrador cuando deje la Presidencia?

La corrupción siempre le ha pegado a López Obrador debajo de la línea de flotación, y hasta ahora ha salido avante. No le pasó nada -aunque tampoco quisieron actuar las autoridades en su momento-, cuando se descubrieron ilegalidades en su fundación Honestidad Valiente, ni le impactaron todas las irregularidades en su declaración patrimonial. La victimización ha sido su blindaje, construido mediante esa estrategia que probablemente funcionará más allá de su sexenio. Pero la protección moral no se traspasa por ósmosis, aunque, como ayer, reitere el argumento moral de que sus hijos no son corruptos.

El presidente se llena la boca de verdades, medias verdades y falsedades al hablar de la corrupción del pasado y justificar políticamente la presente. Las denuncias que se han hecho contra su entorno familiar y colaboradores, en volúmenes tampoco nunca antes vistos, han sido efímeros por la capacidad de López Obrador para apagar el fuego y desviar el rumbo de la conversación. De esa manera, estos ciclos político-informativos llevan a ver el árbol más cercano, pero nunca el bosque. Pero el bosque existe y lo sabe desde finales de 2021.

En aquel tiempo fue informado de la existencia de un número indeterminado de videos sobre presunta corrupción de sus familiares, que supuestamente tenían a su hijo Andrés como el protagonista de tales actos. Hubo alerta en Palacio Nacional y se buscó encontrar los videos en las redes sociales y atajarlos. Estaban inmersos en esa búsqueda cuando a mediados de enero apareció la investigación sobre la famosa “casa gris” de Houston, donde las imputaciones al hijo mayor del presidente, José Ramón, era que había incurrido en un conflicto de interés. Toda la atención política y mediática se centró en esa revelación, que fue tan abrumadora, que lo más importante que sucedió esos días, pasó desapercibido.

En la víspera de la revelación de la “casa gris” apareció en las redes sociales un video donde el hijo menor del presidente estaba en un antro, que personas que lo reconocieron, dijeron que estaba en Houston. Al día siguiente de la publicación de ese trabajo, apareció otro video, del mismo hijo, bailando junto a una alberca, precisamente, de la “casa gris”. Ninguno de los dos videos estaba asociado con la investigación sobre la propiedad en Houston, y la fuente de ellos se mantiene todavía como un enigma.

Esos videos están presumiblemente vinculados con aquellos que mencionaban que su hijo Andrés aparecía en actos de corrupción, producto, le confirmaron al presidente en marzo, de adversarios políticos del presidente, que no saben quiénes son, que están financiando investigaciones sobre la corrupción en el entorno de López Obrador. Otro video aparentemente salido de la misma fábrica negra, es donde aparece Alejandro Esquer, el secretario particular del presidente, depositando un millón y medio de pesos en una cuenta de donde salieron apoyos a varios políticos de Morena. Esa operación nunca brincó en la Secretaría de Hacienda, ni fue reportada por Esquer o su jefe.

La difusión de esos videos ha sido administrada por ese grupo de personas que tienen lo que se conoce como opposition research, que es un equipo que se dedica a buscar la basura de políticos para ser utilizada en su contra. El método usual que se emplea es peinar noticias o artículos en la prensa, revisar documentos judiciales, ir de pesca a las redes sociales para encontrar referencias, videos y blogs con un potencial de daño considerable. No están en un medio de comunicación ni en una institución; son una estructura profesional que trabaja clandestinamente.

La denuncia de corrupción de gobiernos priistas y panistas le dio un fuerte impulso a López Obrador en 2018 entre amplios segmentos de la sociedad que nunca habían votado con él, y es el tema donde cada vez que ha salido una presunta ilegalidad en su entorno, tiene un efecto negativo sobre su persona. Aunque todavía no se refleja en su aprobación, la percepción de que hay corrupción en el gobierno se mantiene alta, 40% de los mexicanos, de acuerdo con la última encuesta de El Financiero. Es decir, hay condiciones objetivas para que este tema prenda en la opinión pública.

El tema no va a desaparecer, e incluso existe la posibilidad de que en la medida en que se acerca el final del sexenio, se agudicen las denuncias. Aumentarán los funcionarios y burócratas que tienen acceso a información delicada que irán filtrando documentación a medios y organizaciones civiles, en la medida que le van perdiendo el miedo a represalias. Los correos de la Secretaría de la Defensa Nacional hackeados por Guacamaya, contribuirán a esta sangría. Igualmente, los grupos interesados en desacreditarlo tienen el arsenal para aumentar la presión y descalificación.

No son pocas las personas que, con conocimiento de primera mano, cuentan experiencias y anécdotas de cómo en el entorno presidencial la corrupción ha llegado a niveles nunca antes vistos. La negación del presidente sobre los señalamientos de corrupción en su entorno y de la existencia de los conflictos de interés, sólo tienen como fuerza su palabra, que se irá agotando en la medida que el poder empiece a ser transferido. No falta mucho para esto y, al mismo tiempo, hay de sobra para la mañana siguiente.

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Cuando se dice que el pecho no es bodega entendemos que una persona puede ser muy franca o, de plano, impertinente. Pero cuando esa persona es el presidente de la República, lo que salga de su pecho tiene connotaciones políticas que pueden meter en problemas a un gobierno o revelar cosas que se manejan, por definición, con secrecía. A nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador le gusta mezclar su papel de jefe de Estado con el actuar de un ciudadano ordinario, aunque cada vez que nos receta la frase “mi pecho no es bodega”, está acompañada de un fin político. Pero a veces, su incontinencia verbal lo lleva a darse un tiro en el pie y al corazón de sus colaboradores, como sucedió ayer.

Mathieu Tourliere, reportero de Proceso, uno de los tres medios que junto con la Red en Defensa de los Derechos Digitales R3D y Social Tic ha participado en una  investigación permanente sobre el espionaje del Ejército, regresó el tema a la mañanera de este miércoles y preguntó al presidente, para abrir boca, si conocía de la existencia del Centro Militar de Inteligencia (CMI), adscrito a la Subjefatura de Inteligencia del Estado Mayor de la Secretaría de la Defensa Nacional, que pertenece a la Sección Segunda del Estado Mayor, Inteligencia Militar, en cuyo organigrama no aparece el CMI. Ahí comenzaron los problemas para el presidente y para su gobierno, porque en lugar de haber hablado de que era un tema de seguridad nacional y pagar costos por su silencio, comenzó a hablar y trastabillar.

Confundió la pregunta o quiso evadirla, e incluso no pudo llamar al Centro Nacional de Inteligencia (el CNI) por su nombre correcto. Y cuando Tourliere le dijo que no le preguntaba sobre esa institución civil que sustituyó al Cisen, sino sobre el CMI, el presidente respondió que el CNI es el que tiene facultades legales para hacer ese trabajo y que comparte su información, porque “es la institución que legalmente puede llevar a cabo con autorización judicial estas investigaciones a través de los teléfonos, básicamente a la delincuencia”.

Si se interpretara al pie de la letra lo que dijo el presidente, sería una negación de la existencia de las áreas de inteligencia que tienen el Ejército, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad, que también gozan de facultades legales, y al mismo tiempo que quienes realizaran esas funciones, salvo el CNI, lo estarían haciendo fuera de la ley. Sus confusiones no sólo son conceptuales, sino incluso derivadas del desconocimiento de cómo funciona su propio gobierno. Pero esto fue lo de menos.

La revelación publicada por esas organizaciones se fundamentó en los correos electrónicos hackeados por el grupo que se identifica como Guacamaya, que mostraron que el Ejército utilizó una estructura de inteligencia secreta (el CMI) para espiar al presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, Raymundo Ramos, para acceder e interferir en las investigaciones sobre las recientes ejecuciones militares en esa ciudad tamaulipeca.

El presidente no lo negó, como tampoco negó en ningún momento la existencia del CMI, y confesó que Ramos se había comunicado a un teléfono de un presunto narcotraficante, cuya línea estaba intervenida, al ser sujeto de una investigación. “Esa es la información que a mí me han entregado”, remató. “Esa grabación tiene que ver con el Centro Nacional de Inteligencia”.

En los correos hackeados se cuenta una historia diferente. Un documento interno del CMI que reprodujeron las organizaciones y los medios, muestra que Ramos no estaba conversando con ningún presunto narcotraficante, sino que fue grabado de manera ilegal al hablar con una reportera de Televisa y dos reporteros más de El Universal y El País sobre el tema de las ejecuciones extrajudiciales. Ese documento también buscó vincular a Ramos, sin aportar evidencias, con el Cártel del Noreste. El equipo de intervención telefónica, como documentó el mismo grupo desde octubre del año pasado con la colaboración del Citizens Lab de la Universidad de Toronto, utiliza un malware -un programa espía- de fabricación israelita llamado Pegasus.

Tourliere, sin agredir ni transgredir, insistió al presidente en precisiones y clarificaciones, que buscó evadir con su famosa frase “yo tengo otros datos”. Si esto fuera cierto, el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, lo estaría engañando y desinformando. Sin embargo, lo que ha trascendido es que el general mantiene perfectamente informado al presidente.

El reportero insistió: “¿Usted dice que el Centro Militar de Inteligencia no opera Pegasus?”. El presidente replicó: “No opera Pegasus. Y además, lo de Pegasus es una marca y hay sistemas equivalentes a Pegasus en todas partes y en México, no necesariamente Pegasus, pero son sistemas que llevan a cabo las mismas funciones del sistema de escucha de Pegasus”. ¿Qué reveló López Obrador? Su ignorancia, pues Pegasus no es una marca ni un sistema, sino un programa cibernético. Después, un secreto: el gobierno tiene otros sistemas que hacen el mismo trabajo de Pegasus, como el Rafael, un sistema que tiene un software más poderoso que el primero, también de manufactura israelita, del que poco se sabe.

El presidente estaba incontenible sin darse cuenta. En la búsqueda por salir del paso, dijo que ayer mismo se informaría sobre “cómo se hace la investigación y la inteligencia para enfrentar a las bandas del crimen organizado”, que es en donde identificó la mayor parte del trabajo que realiza su gobierno. Si esto llegara a suceder, sería una traición al Estado mexicano, porque estaría regalando información estratégica y secreta al crimen organizado, en detrimento de la seguridad nacional. No sucederá. Su gobierno no va a dar esa información, como tampoco puede reconocer otra más, que el Ejército y el CNI sí espían, a activistas, políticos y periodistas de manera ilegal en una clara función de espionaje que, por lo que ha trascendido, es mayor que en anteriores gobiernos.

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A nadie deben sorprender los insultos y mentiras del presidente Andrés Manuel López Obrador contra algunas de las figuras más visibles que participaron en la concentración que desbordó este domingo la Plaza de la Constitución. A nadie debe extrañarle que ese tipo de desafío lo desestabiliza, porque no es novedad su inestable madurez emocional. Lo que es diferente es que hoy es el Jefe del Ejecutivo, y que con sus enojos incontenibles estimula la violencia retórica, se lastima a sí mismo, a la investidura presidencial, y alimenta la percepción de que es narcisista y autócrata.

La mañanera de este lunes, es un botón de muestra. Dedicó 37 minutos a la concentración en el Zócalo durante los cuales profirió, en un cálculo estimado, 45 insultos y mentiras flagrantes, distorsionando episodios políticos y contradiciéndose para mantener su discurso de odio. ¿Por qué está enojado el Presidente?, se preguntarán algunos. En realidad está furibundo desde que Morena perdió la mitad de las alcaldías de la Ciudad de México, su bastión, y que en las elecciones nacionales de 2021 su partido obtuvo unos dos millones de votos menos que los que alcanzó la oposición.

Todos los días agrega pinceladas a su cada vez más inevitable retrato de autoritario cuando reacciona con sevicia retórica a quienes no participen en el culto a su personalidad ni bailen al ritmo de su tambor. No importa si es un asunto local o internacional. Acomoda la realidad a su pensamiento, aunque se quede solo en el mundo defendiendo posiciones que emanan de su cosmovisión tropical. Lo que mejor refleja esa personalidad fue su reacción ayer al retiro definitivo del embajador de Perú en México, porque, acusó Lima, violó el principio de la no injerencia en los asuntos internos al apoyar al destituido presidente Pedro Castillo.

En sus propias palabras, de acuerdo con la transcripción de la mañanera de la Presidencia, López Obrador dijo: “Nosotros no aceptamos toda la farsa que ha significado la destitución del presidente Pedro Castillo, porque no se respetó la voluntad del pueblo de Perú, se pisoteó la democracia y se cometió una gran injusticia al destituirlo y encarcelarlo, y luego establecer de facto un gobierno autoritario, represor, y nosotros no coincidimos con eso.

“Además, molesta mucho que todos callan. Está como esto que vimos (se refería a la concentración del domingo), que son muy hipócritas, gritan como pregoneros, ¿no?, cuando les conviene y callan como momias cuando no les conviene; entonces, la prensa mundial, los periódicos más famosos del mundo, la OEA en el caso de América, la ONU, las organizaciones de derechos humanos, nadie habla de esa gran injusticia, cuyo fondo es que una oligarquía en el Perú, nacional, pero sobre todo extranjera, está saqueando los bienes naturales del Perú: el gas, los recursos mineros.

“Y necesitan tener un títere, un pelele, un gobernante a modo, y un Congreso también, como lo padecimos aquí nosotros durante más de 30 años, que todas las reformas a la Constitución que se hicieron fue para favorecer a una minoría rapaz y entregarles los bienes públicos, los bienes de la nación a empresas nacionales y extranjeras, todo el proceso de privatización; es lo mismo. En el caso nuestro, en 36 años ninguna reforma a la Constitución se llevó a cabo para beneficiar al pueblo raso, todas las reformas fueron para ajustar el marco jurídico al propósito de saquear a México. Entonces, es algo parecido lo que está sucediendo en el Perú. Entonces, molesta, indigna, es una gran injusticia, no se puede uno quedar callado, y lo vamos a seguir haciendo”.

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¿Cómo se traduce esto? Que la presidenta Dina Boluarte es una pelele de las oligarquías, que el Congreso, la Suprema Corte y las Fuerzas Armadas se unieron todas contra Castillo para permitir el saqueo de los recursos naturales de Perú, contando con el silencio universal, una especie de conspiración global que involucró a las organizaciones multilaterales internacionales, las defensoras de los derechos humanos y los medios más prestigiados. Es decir, el mundo se alineó contra Castillo y él, Lopez Obrador, es el único que se ha dado cuenta.

No se ría. La lectura que hace el presidente de México no debe causar hilaridad sino preocupación y alarma. De manera creciente López Obrador reinterpreta las cosas y las cuenta a su manera. Ayer dijo que José Woldenberg, que fue el consejero presidente del entonces Instituto Federal Electoral que organizó la elección que resultó en la primera alternancia en la Presidencia, había sido una especie de instrumento del régimen para facilitar un gatopardismo. Pero minutos después, reconoció la alternancia y dijo que Vicente Fox la había traicionado. ¿Con qué parte de su interpretación nos quedamos?

Da exactamente igual, porque la verdad no rige su pensamiento, sino el cómo acomoda las cosas en su beneficio, como cuando dijo que las elecciones presidenciales de 2012 fueron fraudulentas porque hubo dinero en la campaña de Enrique Peña Nieto que inyectó la constructora brasileña Odebrecht. Esa historia la contó el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, en colusión con el fiscal general Alejandro Gertz Manero, como una de las condiciones para que recuperara su libertad. Ni ha salido libre Lozoya, ni es verdad lo que dijo. Odebrecht señaló ante fiscales de verdad en Brasil y Washington, que a la única campaña que inyectaron dinero (500 mil pesos), fue a la de Javier Duarte para la gubernatura de Vecracruz.

Las mentiras, la tergiversación de hechos, la reinterpretación de las cosas con fines propagandísticos, está en el ADN de López Obrador, que no dejará de repetir las mismas falsedades, ni dejar de insultar, ni de violar la ley para enfrentar a todo ese conglomerado trasnacional corrupto que no tiene su visión y claridad sobre lo que pasa y porqué pasa. A muchos les parecerá muy afortunado tener un presidente como él, a otros les empezará a causar lástima sus limitaciones, aunque se enoje, siga enojado y busque quiénes le paguen la incomprensión que debe sentir entre sus compatriotas y en el mundo.

A días que el Comité de Ética de la UNAM dé a conocer su dictamen sobre quién plagio a quién la tesis de licenciatura, la ministra Yasmín Esquivel cometió un error político al ampararse para impedir que la universidad hablara públicamente del proceso. Esto, aunque sus voceros oficiosos traten de matizarlo, es un acto de censura que al mismo tiempo actúa como búmeran, porque la hace ver como culpable del delito. Esquivel quisiera que nadie hablara de este caso porque afecta su reputación, pero con lo que hizo, ella mismo le dio el tiro de gracia a su honra.

Desde que el académico y escritor Guillermo Sheridan reveló en diciembre que Esquivel había plagiado la tesis de Édgar Ulises Báez Gutiérrez, la opinión pública y la publicada no dudaron en ningún momento de su culpabilidad. No era un caso juzgado, ni tampoco claro, pero ella no supo hacer un control de daños. Incluso las inconsistencias y mentiras en las que incurrió Báez Gutiérrez -como el que nadie había hablado con él y que en efecto había tomado algunas ideas del trabajo de la ministra para su tesis, que presentó un año antes que la ministra-, no fueron suficientes para cambiar la percepción.

Buscar – un amparo para que la UNAM calle sobre el caso en manos del Comité de Ética, sólo amplió la idea negativa sobre ella al hacerla parecer como culpable. La ministra lo niega. Se amparó, afirma, porque las actuaciones del Comité de Ética es ilegal y arbitraria, resolución que este miércoles se determinará si es definitivo. Se dice inocente de la acusación de plagio, pero fue criticada por no actuar con ética institucional y retirarse de la Suprema Corte de Justicia mientras se deslindaban responsabilidades. No pidió licencia, sostiene, porque que nunca ha cometido una conducta irregular o una falta de ética.

Entre más trata de salir del pantano, la percepción es que más se hunde. No han ayudado tampoco las ambigüedades del presidente Andrés Manuel López Obrador, producto de las contradicciones entre su manejo público y privado, y la creencia que los señalamientos a Esquivel son ataques contra él. Empero, desde diciembre López Obrador consultó a varios miembros de la Suprema Corte para analizar posible vías para que Esquivel fuera hecha de lado, lo cual no era posible porque no existe ninguna disposición prevista para este tipo de irregularidad. Mientras eso sucedía, el presidente la defendía en público y criticaba a la UNAM.

Las auscultaciones sobre cómo deshacerse de la ministra, que se estaba convirtiendo en un problema para el presidente, continuaron. Hasta principios de febrero, cuando menos, seguía analizando escenarios que le propusieron para ofrecerle un cargo en la administración pública a fin de que dejara la Suprema Corte. No se tomó la decisión, pero el presidente, mientras todo esto pasaba, se refería a ella y a la ministra Loretta Ortiz -las dos son esposas de viejos colaboradores y amigos de él-, aunque no las mencionaba por nombre, que él había propuesto a la Corte, como ministras leales a su proyecto. Es decir, que votaban a favor de los intereses de López Obrador.

En el futuro de Esquivel, por los comunicados previos de diversas instancias universitarias, parece estar el retiro de su título de licenciatura. El criterio que ha prevalecido es que al haber entregado Báez Gutiérrez primero su tesis, la ministra fue quien plagió. Con toda la información que se le hizo llegar al Comité de Ética de las partes involucradas, pudiera matizarse o cambiar incluso el rumbo de la decisión. Pero más allá de cuál pudiera ser la resolución, la percepción no cambiará, porque la ministra tampoco hizo nada por enfrentar la acusación con valor, no con arrebatos, con inteligencia racional no con inteligencia emocional, y sin crear enemigos externos para buscar consenso interno.

La ministra tenía apoyos dentro de la UNAM, donde se pensó incluso que un dictamen negativo, en aras de un equilibrio, podría ir acompañada de una revisión crítica del trabajo académico de Sheridan, a quien trataron de ensuciar artera e injustamente gatilleros que responden al vocero presidencial, describiéndolo como un aviador por haber cobrado largas temporadas mientras estaba en sabáticos o realizando investigaciones fuera de la UNAM -todas autorizadas por la universidad, que también produjeron obra académica-, usando material que olía al Centro Nacional de Inteligencia.

La actitud de la ministra no contribuyó para que actuaran eficientemente los contrapesos, y su férrea negativa a solicitar licencia le fue restando credibilidad y respeto. Esquivel nunca aceptó ese señalamiento y siempre rechazó esa posibilidad porque “no tenía nada de qué avergonzarse”. Uno de sus argumentos era que prácticamente todos sus pares en la Suprema Corte le habían expresado respaldo. No era tal. El equipo de la presidenta del tribunal, Norma Lucía Piña, estuvo evaluando opciones para solicitarle la renuncia por el costo que estaba generándole al Poder Judicial, pero legalmente no existe ninguna provisión legal. Varios de sus pares comentaron que su presencia era muy incómoda para todos.

El viernes pasado la Suprema Corte inició consultas internas para determinar si cuenta con las facultades para iniciar un procedimiento de responsabilidades contra ella, lo que parecía adelantarse al dictamen de la UNAM, pero en respuesta a las diversas denuncias ciudadanas en su contra, alegando que no tiene la buena reputación que la Constitución exige a quien ocupe el cargo. Esta consulta caerá en la subjetividad, a menos de que se determinen los parámetros para medir la reputación. Lo que sería una salida automática de la Corte es si le cancelaran el título, que es una exigencia para que sea ministra.

El daño reputacional, que era lo que ella quería combatir, está hecho y se puede alegar que será irreversible, cualquiera que sea la decisión final de la UNAM. Su ética institucional es inexistente y con el paso de las semanas se ha ido pudriendo como servidora pública, pasando a ser de activo para Palacio Nacional y para la Corte, a lastre.

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El presidente Andrés Manuel López Obrador está leyendo pésimamente el juicio contra Genaro García Luna en Brooklyn, y metiéndose él mismo en un hoyo del que en el futuro, quizás, no logre salir avante. Ayer en la mañanera, como no le gustó que el abogado del ex secretario de Seguridad Pública le preguntara a Jesús Reynaldo El Rey Zambada, que fue quien acusó a García Luna de trabajar para el Cártel de Sinaloa, si le había dado siete millones de dólares en 2005 para una campaña contra el presidente Vicente Fox, lo insultó y elogió la actitud del narcotraficante. “Este abogado falsario, calumniador, chueco -dijo innecesariamente-… resultó mas derecho Zambada”.

López Obrador debió de haber sido más cauto. El abogado César de Castro le preguntó a Zambada sobre esa acusación, no por “chueco”, sino con base en una declaración que hizo el narcotraficante ante los fiscales estadounidenses en 2013, tras ser deportado a ese país. La iba a repetir en 2019, como testigo de la defensa de Joaquín El Chapo Guzmán, pero la fiscalía intervino para que no se mencionara al ya para entonces presidente. Es decir, no fue una ocurrencia o una difamación de De Castro, sino que buscaba una ratificación de una declaración jurada que tienen los fiscales, que Zambada se retractó ahora de haberlo dicho.

Pero estas contradicciones de Zambada, y el desfile de criminales que utilizó la fiscalía para sembrar en la cabeza del jurado que García Luna sí protegió al Cártel de Sinaloa a cambio de sobornos sin presentar ninguna evidencia, son variables que debe estar analizando el presidente, sin pasiones ni obsesiones, porque lo que hoy pasa con el ex secretario, mañana puede sucederle a él o a algún miembro de su gabinete o sus colaboradores.

Sin importar el veredicto sobre García Luna, para estos efectos, la fiscalía probó que puede utilizar a criminales que detuvo y extraditó el gobierno en el cual trabajó el ex secretario, si son funcionales a los intereses del Departamento de Justicia y la DEA.

La primera llamada de atención sobre un eventual futuro para este gobierno, la dio este miércoles la directora de la DEA, Ann Mildred, que en una comparecencia ante el poderoso Comité de Relaciones Exteriores del Senado sobre el tráfico ilegal de fentanilo, donde dijo que el gobierno de López Obrador debe incorporar la cooperación con Estados Unidos, con operativos conjuntos y aumento de las extradiciones. Mildred comenzó la presión contra México en el contexto del juicio de García Luna, donde se pintó es de una colusión sistémica de autoridades y criminales, que no se limitó al periodo de García Luna y los gobiernos panistas, sino que se extiende a la actualidad, al haberse nombrado a funcionarios presuntamente vinculados con el Cártel de Sinaloa, que hoy están en el gobierno de la cuatroté.

López Obrador debe incluir también en su marco de referencia sobre lo que está pasando en Washington y en Brooklyn, la declaración de Mildred en abril del año pasado tras acusar y pedir la extradición del expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández. “Este caso debe enviar un mensaje claro para cualquier líder que abusa de manera corrupta de su poder para apoyar a los cárteles de las drogas”, dijo. “Si toman dinero de las drogas para su elección, acepta sobornos de los cárteles, trafica con drogas letales y protege a los criminales cárteles de las drogas y convierte al Estado en una máquina violenta del narcotráfico… la DEA lo detendrá y lo hará responsable de sus crímenes”.

¿Cómo se encuentra México en este momento? No hay combate activo contra las organizaciones criminales. Vastos territorios están controlados por los cárteles del Pacífico/ Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, identificados ayer por Mildred como los responsables de “envenenar” a los estadounidenses con fentanilo, con una violencia sin precedente en cuanto a delitos y homicidios dolosos, y evidencias de la participación del narcotráfico en las elecciones nacionales de 2021. Un estudio de AC Consultores dado a conocer esta semana, reveló que la incidencia delictiva del gobierno de Felipe Calderón a la fecha se incrementó en 23% y el homicidio doloso 89%, al tiempo que de 11 estados catalogados “en emergencia”, en la actualidad son 29.

El testimonio de Mildred en el Senado, en el contexto del juicio de García Luna, hay que revisarlo con extremo cuidado y planear una estrategia de control de daños. Con la imagen de narcoestado proyectada en Brooklyn, Mildred quiere mayor compromiso de López Obrador para enfrentar a los cárteles de la droga y extradiciones, que está exigiendo Washington en los casos de Ovidio Guzmán, el hijo de El Chapo Guzmán, y Rafael Caro Quintero, a quien acusan del asesinato del agente de la DEA, Enrique Camarena en 1985. El gobierno mexicano se ha mostrado reacio a extraditarlos, escudándose en el Poder Judicial.

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Una lectura adicional que tiene que realizar el presidente es qué podría suceder si extradita a Guzmán y Caro Quintero, y en el futuro el Departamento de Justicia los requiera para un propósito específico, los hace testigos protegidos y en un eventual juicio contra los hoy gobernantes mexicanos -como sucedió con el expresidente de Honduras- y algunos de sus colaboradores, testifiquen sobre el guión de los fiscales para obtener beneficios con sus condenas y rescatar el dinero que les decomisaron.

El presidente no está viendo este escenario, pero debe hacerlo. Lo que ha hecho con el Cártel de Sinaloa y la familia de El Chapo Guzmán, la forma como viaja a las zonas controladas por el Cártel del Pacífico/Sinaloa sin problema alguno, no existió en el pasado de García Luna y, aun así, podría ser condenado por los dichos de criminales sin pruebas que los respalden. García Luna tuvo la confianza de todas las agencias estadounidenses durante tres décadas. López Obrador, en cambio, tiene fricciones con Washington. Hoy la Casa Blanca lo necesita para administrar y contener la migración; después de octubre de 2024 ya no. Será un ex, como Hernández y García Luna.

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Un caso muy serio de espionaje ha pasado a ser, inexplicablemente, tema de segundo plano ante la banalización del delito y las obscenidades de la gobernadora de Campeche, Layda Sansores, con las que respondió a Proceso, de que publicó varios chats que revelaban actos ilegales de sus cercanos contra el líder del PRI, Alejandro Moreno. Sansores agregó que las conversaciones, que sugerían también peculado al financiar campañas electorales, eran un “invento” y los diálogos habían sido fabricados. El último episodio sobre la impunidad de la gobernadora al utilizar información obtenida ilegalmente para sus fines políticos, terminó así, en dimes y diretes.

Más de 60 horas de conversaciones telefónicas le fueron proporcionados por el Centro Nacional de Inteligencia para neutralizar a Moreno y obligarlo a aprobar las reformas del presidente Andrés Manuel López Obrador. Sansores, que está alineada con Claudia Sheinbaum en la lucha por la candidatura presidencial, uso intercepciones telefónicas para dañar a uno de los adversarios de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, el senador Ricardo Monreal.

Lo que dio a conocer Proceso escaló aún más en el andamiaje del espionaje descarnado en estos tiempos mexicanos, donde es posible violar la ley si se está del lado correcto de la historia, el que narra López Obrador. Sansores refutó el contenido y la manufactura de los chats, que es lo mismo que ella y su equipo han hecho con chats de políticos que ha dado a conocer en el llamado “Martes del Jaguar”. Pero la esencia de lo publicado no fue refutado, pese a su trascendencia por dar a conocer un presunto centro de inteligencia armado por el fiscal de Campeche, Renato Sales, con un equipo que había comprado por la Oficialía Mayor de la Secretaría de Gobernación, durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

El origen del equipo en ese centro de inteligencia que apareció en los chats de marras, se rastrea a la Comisión Nacional de Seguridad, que funcionaba en el sexenio pasado como sustituto de la extinta Secretaría de Seguridad Pública, durante la gestión de Sales, quien fue denunciado la Auditoría Superior de la Federación a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrución el 22 de mayo pasado, porque el equipo por el que se había pagado más de 807 millones de pesos, concluyó, nunca llegó a su destinatario.

El equipo, de acuerdo con la ASF, fue gestionado y adquirido entre el 18 de junio y el 30 de septiembre de 2018 a la empresa del israelí Rafael Advance Defense Sysrems, muy vinculada al Ministerio de Defensa de esa nación, para fortalecer las capacidades técnicas y de operación de la CNS para prevenir delitos. El equipo, que opera con drones, se iba a utilizar en inteligencia científica, investigación, antidrogas y la Gendarmeria, que sustituyó a la Policía Federal. De acuerdo con la denuncia a la fiscal María de la Luz Mijangos, nada de esto se cumplió. Sales no fue sancionado porque a él no firmó el contrato, pero no se conoce qué hizo la fiscalía.

Ese equipo era el segundo adquirido. El primero se compró a la empresa israelita en 2015, firmado por el entonces jefe de Inteligencia de la Policía Federal, Damián Canales. Esa adquisición no tuvo observaciones por parte de la ASF, como el de 2018, que se convirtió en la primera acción contra la corrupción emprendida en 2019 por el primer secretario de Seguridad Pública del gobierno actual, Alfonso Durazo, quien aseguró que se había cancelado el contrato. Durazo no precisó el nombre de la empresa que vendió el equipo -software y hardware- y solo dijo que se trataba de una empresa israelita. Tampoco mencionó si al cancelar el contrato se había devuelto el equipo, o qué penalidades se habían tenido que saldar por la terminación anticipada.

Lo que sugirió la publicación en Proceso es que ese equipo nunca fue devuelto. Lo que sucedió, de acuerdo con funcionarios que conocen la ruta del sistema, es que una parte se quedó en lo que hoy es la Guardia Nacional, y otra se regresó al distribuidor de Rafael, un contratista mexicano-colombiano, después de haberse detenido la operación en la aduana en Tijuana. No está claro si, como dicen los chats, en efecto, está en el centro de inteligencia de la gobernadora Sansores, y  fue el utilizado para intervenir las comuniciones de Moreno, aunque algunas de ellas no fueron interceptadas, sino que se lograron mediante la activación remota del audio.

La trivialidad con la que se ha manejado todo caso es inverosímil. Debe investigarse si Sales se llevó el equipo como dice Proceso, pese a que nunca manejó directamente el sistema Rafael en el CNS, pero tampoco se ha desmentido que terminara al servicio de Sansores. Pero aún suponiendo que el espionaje a Moreno y a otros políticos no salió de un centro de inteligencia en Campeche, no anula los actos ilegales sistemáticos de la gobernadora Sansores al dar a conocer intervenciones ilegalmente obtenidas.

El espionaje campechano nunca lo investigó la Fiscalía General, pero el Tribunal Electoral abrió un camino importante al dictar una sentencia el año pasado en donde habla de la intervención ilegal de la plataforma de WhatsApp. Meta, su matriz, podría denunciarla en tribunales, como recomendó el Tribunal Electoral, y replicar lo que hizo contra la empresa israelita NSO en Estados Unidos por espiar a políticos y periodistas.

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Si lo hace, forzará una investigación sobre el espionaje que está encubriendo el gobierno mexicano, y podrían abrirse los chats difundidos por Sansores con una orden judicial en Estados Unidos, que es su jurisdicción, para establecer cómo se realizó el espionaje y los orígenes de la intervención de las comunicaciones.

La gobernadora es una delincuente confesa, y de proceder la investigación en Estados Unidos, Sansores no sería la única que podría pagar las consecuencias, sino también las áreas federaldes que presuntamente realizaron el espionaje, y los responsables en autorizarlos o tolerarlos, donde quedarían en entredicho no sólo el fiscal Gertz Manero, sino el propio Presidente de la República.

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